Imaginemos, entonces, que queda un mes para que entre irrevocablemente en vigor la Ley Seca en Puritania. ¿Qué haría la mayor parte de la población? ¿Qué haría usted, amigo bebedor? ¿Compraría alcohol? No, invertiría en alcohol. Si usted tenía algunos ahorros, con toda seguridad querrá destinar parte de aquello en la adquisición de bebidas alcohólicas. ¿El motivo? Multiplicar su capital por 10 ó 15. Y no menos importante: no tener que pagar una cantidad estratosférica por su licor favorito en el mercado negro en las próximas fechas. Gracias a este hecho, todo el mundo compra antes de la prohibición, y la producción e importación de estas bebidas se exacerba para cubrir la demanda.
Finalmente llega el día de la prohibición.
Las empresas nacionales se trasladan al extranjero en donde puedan ser legales, despiden a toda su planta laboral y dejan de generar ingresos para Puritania, favoreciendo ahora al nuevo país en que residen. Lo mismo pasa con las empresas extranjeras que producían en Puritania: buscarán otro lugar donde invertir. A partir de ahora la importación tendrá que ser de forma ilegal, por lo que dejará de pagar aranceles. La exportación también desaparecerá, o al menos no pasará legítimamente por las aduanas. Además, cerrarán bares, discotecas, licorerías, etc., acarreando sus consecuentes pérdidas de empleo y derrama económica. Para este punto, el Estado habrá logrado convertir en criminal a buena parte de su población civil que compra, vende y consume para sí mismos productos prohibidos.
En un principio, y como cualquiera podrá ser un potencial vendedor clandestino de alcohol, la competencia será enorme, lo cual sin duda frenará en cierta medida el incremento exponencial en los precios. Sin embargo, con el tiempo y los encarcelamientos, aumentará la escasez, y con ello nuevamente el alza en los precios. Los traficantes de alcohol que quedan ahora son los más acaudalados y sobre todo, los más diestros en el arte del soborno y corrupción de autoridades. Como de por sí operan fuera de la ley, no les representa ningún obstáculo adquirir armas para protección de posibles amenazas y para la intimidación.
Pronto, ante unos precios que ya no son solo inconvenientes, sino impagables para los consumidores, surgen nuevos licores de menor calidad, como bebidas con alcohol metílico, notablemente más dañino que el etílico, pero más barato.
Ante los precios prohibitivos y la dudosa calidad del producto, muchos optan por consumir algunas drogas psicoactivas legales que venden en farmacias para emular los efectos del alcohol. Si bien no son tan efectivas, no es necesario gastarse la mitad del salario para conseguirlas, y al conocer el contenido real de su empaque pueden controlar la dosis adecuadamente y no tener incertidumbre de consumir productos adulterados. Prontas, las autoridades se fijan en este hecho y al poco tiempo se prohíbe la mayoría de estas drogas de farmacia, principalmente benzodiacepinas como alprazolam, triazolam, diazepam y clonazepam. Aquellos traficantes, que ahora se han organizado en pandillas para ser más eficientes y evitar abusos en los cobros de los sobornos, están fascinados con la nueva prohibición. Ellos son los más se benefician con la esta nueva ley: ahora tienen más productos para vender.
Finalmente las pandillas se convierten en cárteles para abarcar más territorio y al mismo tiempo afianzar su aparato logístico. Dichos cárteles, al ser considerados criminales y constantemente atacados por el gobierno, no dudan en diversificar su negocio ante las nuevas posibilidades. El problema es que aquí diversificar el negocio no significa, por ejemplo, invertir directamente en una fábrica embotelladora o en una maquila. Como no le es conveniente a una empresa legal y establecida que se le vincule con los narco-criminales, aquello no podría funcionar. En cambio el secuestro, la extorsión a comercios, el tráfico de personas, de órganos, la compra-venta de armas de alto calibre, etc., eso sí que pueden constituir para ello un nicho de mercado, más aún aprovechando su acervo de arsenal y la infraestructura de corrupción que se ha ido tejiendo desde el inicio de la prohibición.
Algunos de los cárteles llegan a acuerdos pacíficos repartiéndose el territorio. Otros pelean a muerte por él. Sin embargo, el narco-sistema alcanza un control y un poder tal que en algunas partes se va considerando un gobierno de facto. Y cada vez son más lugares. Su red se va extendiendo como una telaraña, al punto de abarcar provincias enteras. La soberanía de Puritania peligra.
Ante esta situación y un desesperado clamor de las zonas más afectadas de la sociedad, las autoridades federales de aquel país finalmente toman cartas en el asunto. Hay una lucha armada contra las organizaciones criminales, pero también hay encarcelamientos y abusos terribles para los consumidores de estas sustancias. Pasan siglos de guerra pero el avance aparente se antoja pírrico. Cada vez hay más demanda de los productos ilegales, y la oferta tampoco disminuye precisamente. ¿Y cuales son las ocurrentes alternativas? Prohibición más dura, recrudecimiento de la guerra directa o más ataque frontal a los cárteles. Eso o llegar a un acuerdo con los criminales. Pero ambas opciones han demostrado su eminente ineficacia para salvaguardar la seguridad civil.
La historia de Puritania es paralela a la nuestra. Se estima que el negocio de las drogas ilegales mueve anualmente entre de 25 mil y 40 mil millones de dólares sólo en México, lo cual bien podría superar al PIB de varios paises centroamericanos o caribeños. Tal magnitud no puede entenderse sin un diseño político.
Otro dato que podría ayudar a comprender el estancado status quo del tema es que Afganistán hoy produce el 90 por ciento de la heroína que se consume en el mundo. Pero resulta que Afganistán es, hasta la fecha, un país invadido por los Estados Unidos, haciendo así que éste tenga acceso a controlar dicho recurso, y poniendo a éste en una posición difícil de explicar.
¿Por qué continuar cometiendo los mismos errores? En países donde se ha producido un incremento del índice de alcoholismo, (como han detectado algunos informes oficiales en Argentina), las investigaciones han demostrado que las principales causas son la menor edad de inicio en el consumo de esta sustancia, 12 años; y el abandono familiar en el caso del grupo de mayores de 65 años.
Inclusive la nicotina, reconocida como droga más adictiva de todas, no se consume en similar proporción en países desarrollados que en aquellos en vías de desarrollo. Según el Banco Mundial, el 80 por ciento de los jóvenes que comienzan a fumar pertenecen a dichos países de menor ingreso per cápita.
La adicción al alcohol y a las demás drogas es el efecto del malestar social (ignorancia, pobreza, abandono, violencia intrafamiliar, etc), no la causa. Aunque dicha adicción también podría derivarse de afecciones emocionales (problemas personales, compulsividad, depresión, inmadurez, etc). De cuaquier forma, las drogas no son buenas ni malas. Son simples herramientas, y todo depende del uso que se les dé.
Y sin embargo, cuando aumenta el índice de adictos de drogas legales en el mundo (tabacómanos, alcohólicos, ansioliticómanos, etc), no se contrarresta con prohibición, sino con una vigilancia más estricta en su venta, campañas de información, restricciones en la publicidad y leyendas de advertencia en cada empaque. Culpar a la venta de drogas de que existan adictos a las mismas, sería como culpar a bares y licorerías por el alcoholismo. O culpar a las armas de que haya guerras, a los autos de que haya accidentes, a los cuchillos y sogas de que haya suicidios, a la comida de que haya obesidad, a la pornografía de que haya pervertidos, a los casinos de que haya ludópatas, o a las camas de que haya holgazanes.
Cuando uno consume drogas legales, sabe lo que está consumiendo: 4.7% de alcohol, 10 mg de nicotina, 40mg cafeína por gramo, 200mg de modafinilo, etc. Sin embargo, en el consumo de drogas ilegales, al no conocer la pureza y la concentración de los ingredientes psicoactivos, es mucho más común exceder una dosis crónica y por tanto caer en la adicción (aún cuando el usuario se ha informado de las propiedades químicas de la sustancia en cuestión). Y, por otro lado, los altos precios mantienen atractivo un negocio de dinero fácil. Según el libro Historia General de las Drogas, de Antonio Escohotado, en 1925, el gramo de clorhidrato puro de cocaína costaba en las farmacias españolas 4 pesetas, mientras que el kilo de azúcar valía 2. Hoy la cocaína pura resulta casi imposible de encontrar; formas más refinadas y mucho más tóxicas del alcaloide se venden a 5 mil veces ese precio. Y paradójicamente, la proporción de adictos no ha hecho sino aumentar desde entonces.
Como no puede prohibirse el deseo por un producto, la prohibición de su oferta será ignorada, pues siempre que exista demanda, la oferta buscará abrirse camino.
Los prohibicionistas sin quererlo nos han regalado un empírico manual de cómo sembrar un imperio del crimen y hacerlo crecer y florecer. Ahora que conocemos las consecuencias que tiene prohibir estos productos de autoconsumo, ahora que se ha demostrado una y otra vez que llevamos cien años de empeorar la situación que deseábamos remediar, solo queda al aire una pregunta: ¿cuánto más piensan esperar para revertir el proceso?

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